En relación al fallo de la Corte Suprema que ordena al Tribunal Ambiental de Antofagasta pronunciarse por materias que omitió en relación al proyecto Dominga, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, calificó como decepcionante el fallo del alto tribunal, por cuanto conlleva dilatar aún más la decisión de fondo respecto a este proyecto de inversión, que lleva más de dos años a la espera de un pronunciamiento definitivo.

“Este es un proceso que se ha extendido en el tiempo sin explicación y ello afecta la certeza jurídica, ya que los inversionistas están viviendo una verdadera pesadilla con evaluaciones tortuosas, judicializaciones y diversas instancias de discusión, sin que haya una resolución definitiva. En los procesos de evaluación ambiental los SI deben ser estables y los NO rápidos”, sostuvo Hernández.

El directivo de SONAMI afirmó que, en el caso de Dominga, claramente ha habido consideraciones políticas y no técnicas para un proyecto que ha cumplido con toda la reglamentación ambiental.

“En reiteradas ocasiones, hemos sostenido que la evaluación ambiental debe ser técnica, pero en este caso la alta politización de este proyecto, que incluyó la renuncia de ministros y la judicialización del proceso, genera un manto de dudas respecto a la eficiencia en el funcionamiento de la institucionalidad ambiental. Para cualquier inversionista es complejo poder enfrentar y sustentar por tanto tiempo una iniciativa de inversión sin tener claridad respecto de si será o no aprobada”, agregó Diego Hernández.

El presidente de SONAMI manifestó su esperanza de que el proyecto que vuelve al  Primer Tribunal Ambiental permita, por fin, terminar con este interminable proceso, que se ha caracterizado por la falta de decisión de las distintas instancias que han revisado esta iniciativa de inversión.