El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, lamentó la decisión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero Dominga. Iniciativa que involucra una inversión de más de 3.500 millones de dólares.
De la misma forma, Riesco lamentó que en la decisión del Comité de Ministros hayan prevalecido consideraciones políticas en lugar de un análisis técnico. “Más que una decisión técnica, la determinación parece ser el cumplimiento de un compromiso asumido durante la campaña presidencial. Por ello, era muy difícil que sus ministros contradijeran al mandatario y aprobaran la inversión”, sostuvo el directivo.
El presidente del gremio minero afirmó que este proyecto ha sido respaldado en todas las instancias técnicas, y su retraso obedece a “una estrategia de judicialización que se ha repetido en otros casos, lo cual por cierto lamentamos”. No obstante ello, ha quedado en evidencia que el proyecto cuenta con un amplio respaldo en la comuna de La Higuera y en la Región de Coquimbo.
“Uno entiende que en la etapa inicial del proyecto se alegara falta de información o algunas deficiencias desde el punto de vista de las evaluaciones, pero después de diez años de tramitación, con todas las aclaraciones y las autorizaciones de los organismos técnicos, este gobierno tenía la oportunidad de hacer un análisis nuevo sobre el proyecto y evaluarlo de acuerdo a sus propios méritos. Esto no implica, que tal como en otras materias, podría haber cambiado de opinión sobre Dominga, especialmente considerando la contribución al empleo y el desarrollo de la zona donde se emplaza”, agregó”.
Finalmente, Jorge Riesco lamentó especialmente que desde los Ministerios de Minería y Economía no se haya respaldado el proyecto, lo que contradice en los hechos el discurso que tienen ante las organizaciones empresariales, y planteó la urgente necesidad de que el actual gobierno otorgue certeza jurídica y envíe señales claras a los inversionistas. Ello, con el fin de que se pueda llevar adelante, en el caso del sector minero, una carpeta de inversiones por más de 70 mil millones de dólares, que el país necesita para retomar la senda del crecimiento económico.