El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, presentó este martes ante la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, los planteamientos del gremio en relación a la reforma del Código de Aguas.
En ese sentido, reconoció la importancia de contar con una normativa que genere mayor seguridad y equidad en el acceso del agua. Sin embargo, planteó que, desde la perspectiva de SONAMI, la propuesta genera incertidumbre en el sector e inseguridad respecto del marco normativo, particularmente en lo que se refiere a las denominadas “aguas del minero”.
Hernández dijo que el tema de las “aguas del minero” no estaba en el proyecto original de modificación del Código y es producto de una indicación aprobada en la Cámara de Diputados. “Se pretende que las aguas minero deban contar con una autorización de la DGA para su utilización. Esto es del todo inconveniente pues estas aguas que surgen espontáneamente producto de las actividades mineras en medio de la faena no son comerciables y sólo se pueden usar para las actividades de la mina”, precisó.
Agregó que el afloramiento de agua en las labores mineras genera diversos inconvenientes, tanto en operaciones a rajo abierto como subterráneas, particularmente problemas de seguridad, operacionales y medioambientales. “Drenar la mina es parte de la actividad obligatoria para poder explotar una mina. Por ello, la aprobación de los cambios realizados en la Cámara sería altamente inconveniente”, sostuvo el directivo del gremio minero.
Indicó también que “existen aprensiones respecto del cambio de modelo que implicaría esta reforma, ya que los derechos de agua constituidos con anterioridad se verían afectados”. Agregó, además, que existen artículos que presentan vicios de inconstitucionalidad.
Diego Hernández recalcó que el sector minero ha realizado importantes inversiones y esfuerzos para hacer un uso eficiente del recurso, reduciendo los consumos unitarios de agua fresca, reemplazándola por agua de mar, por ejemplo. Pese a lo anterior, “la reforma busca redistribuir y administrar el recurso, en lugar de contribuir a disminuir permanentemente su escasez en algunas zonas del país, particularmente en el norte”.
Asimismo, Hernández explicó que la incertidumbre introducida en este proyecto se plasma en la caducidad de los derechos de aprovechamiento y en el establecimiento de un plazo a la concesión inferior a la vida útil de una faena minera.
“Consideramos que la Reforma al Código de Aguas carece de una visión de largo plazo, que estratégicamente debiera estar orientada a solucionar la escasez de un recurso tan relevante para varios sectores productivos nacionales”, concluyó el presidente de SONAMI, gremio que representa a la pequeña, mediana y gran minería metálica y no metálica.
Cabe consignar que la minería en Chile es responsable por sólo el 3,1% de la demanda de los sectores productivos en el uso consuntivo del agua, mientras que esta industria aporta el 30% de la producción mundial de cobre de mina.