La Confederación de la Producción y del Comercio emitió hoy una declaración respecto al análisis que ha hecho la organización sobre las indicaciones que presentó el Ejecutivo al proyecto de Reforma Laboral. En la declaración, CPC reitera que el proyecto no es bueno para el país y hace un llamado a los parlamentarios “para que legislen con la responsabilidad y seriedad que el país se merece”.

DECLARACIÓN PÚBLICA

En reunión de su Comité Ejecutivo, la CPC y  todas las Ramas que la integran -Sociedad Nacional de Agricultura, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Sociedad Nacional de Minería, Sociedad de Fomento Fabril, Cámara Chilena de la Construcción y Asociación de Bancos-, analizaron las indicaciones al proyecto de reforma laboral presentadas por el Ejecutivo, las cuales también están siendo estudiadas en detalle por los expertos que conforman la Comisión Laboral de la CPC que se reunió extensamente la tarde de ayer.

El Comité Ejecutivo de la CPC ha concluido lo siguiente:

Como hemos señalado desde el inicio de la discusión, el proyecto de reforma laboral no es bueno para el país, y las indicaciones del Ejecutivo significan un retroceso y  agravan los efectos negativos que él tendrá.
El proyecto de ley tiene muchas normas que atentan contra libertades y derechos fundamentales previstos en la Constitución Política, tales como la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de contratación, el derecho al trabajo y la libertad de empresa.

El proyecto consagra el monopolio sindical, extrema la conflictividad y no ayuda a crear confianzas.
La alternativa de reemplazar trabajadores durante la huelga es fundamental y se utiliza en las principales economías del mundo, tales como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Polonia, Rusia y Australia.  En Chile, el Ejecutivo y los partidos de la Nueva Mayoría quieren que nuestro país sea una excepción, alejándonos de las buenas prácticas internacionales de la casi totalidad de los países agrupados en la OECD, con las graves consecuencias económicas que ello traerá consigo.  La fórmula ideada para reasignar trabajadores que no están en huelga es absolutamente inoperante y está mal concebida.

En relación con los servicios mínimos, las alternativas que prevé el proyecto de ley para definirlos son muy restringidas y ponen en riesgo la viabilidad de la empresa y su competitividad.
La CPC y sus Ramas estamos disponibles para analizar mejoras a la legislación laboral en un espíritu de diálogo constructivo. En esta discusión, sin embargo, el Gobierno no  ha considerado los puntos de vista de la empresa ni de la gran mayoría de los trabajadores no sindicalizados.

Atendida la trascendencia de este tema, las Ramas que conforman la CPC mantienen contactos con sus empresas socias, y citarán en los próximos días a sus respectivos Consejos y órganos internos representativos.

Hacemos un llamado a los parlamentarios para que legislen con la responsabilidad y seriedad que el país  se merece.