Luego de realizar un análisis del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda el 21 de diciembre pasado, los gremios empresariales elaboraron un contundente informe que contiene la mirada empresarial sobre los cuatro ejes del documento del Gobierno: propuesta tributaria, crecimiento económico, eficiencia del gasto público y mejor cumplimiento tributario.

En su informe, los gremios señalan que valoran que la autoridad recoja en su discurso la importancia del crecimiento y afirman que las propuestas de impulso económico van en general en la dirección correcta, aunque no son suficientes para el nivel y velocidad de reactivación que hoy se requiere.  Plantean, de hecho, que la economía chilena se encuentra estancada, lo que golpea directamente a las personas, y agregan que “para que las chilenas y chilenos recuperen su bienestar, se creen empleos de calidad y los salarios vuelvan a crecer a una mayor velocidad, es urgente que Chile vuelva a crecer más y de forma sostenida, y para ello, es indispensable reactivar la inversión”.

Propuesta tributaria y crecimiento

Como alternativa a la propuesta del Gobierno, los gremios empresariales presentaron una agenda pro crecimiento y de convergencia tributaria, que permitiría a nuestro país ser competitivo en esta materia con países vecinos y de la OCDE y, de esta forma, atraer nuevas inversiones.

Chile tiene una importante brecha tributaria con la OCDE en la tasa del impuesto corporativo, un 27% versus el 23,5% promedio de esos países.  Además, los inversionistas nacionales enfrentan un impuesto total al capital que alcanza un 44,45%, generando una enorme disparidad con un inversionista extranjero que, dependiendo de su domicilio tributario, paga un 35%.

Así, la propuesta empresarial apunta a:

• Reducir el impuesto de primera categoría de 27% al 23% (prácticamente el promedio de la tasa de impuesto corporativo en los países OCDE).
• Avanzar en la reducción del impuesto total que paga el capital, de manera que converja desde el tope actual de 44,45% a 35%, que es la tasa que enfrentan inversionistas extranjeros en nuestro país, cifra bastante más alineada con el mundo desarrollado.

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, indicó que “para incentivar la inversión, el crecimiento, el empleo y mejorar la calidad de vida de las personas, es fundamental que nuestro sistema tributario sea competitivo en materia de las tasas y cargas tributarias del capital, lo que no ocurre desde hace 10 años. Reducir la carga máxima que enfrentaría una empresa o inversionista que se embarque en un nuevo proyecto de inversión nos permitiría tener tasas similares a los países OCDE o nuestros vecinos, lo que sería un importante incentivo a las inversiones que hoy tanto necesitamos”.

Si bien esta propuesta no es fiscalmente neutra, ya que la rebaja del impuesto de primera categoría en 4 puntos porcentuales implica 0,3% del PIB adicional a lo propuesto por el Gobierno, el documento plantea que se podrían explorar esquemas mitigadores. Por ejemplo, que una parte de la diferencia de 12 puntos porcentuales entre el impuesto de primera categoría (23%) y la tasa marginal máxima (35%) se pudiese recaudar anticipadamente por la vía de gravar los dividendos o retiros de utilidades, generando que todos estos pagos sean 100% crédito para efectos del máximo de 35%. De considerarse un impuesto al dividendo, se debe poner atención en aquellos contribuyentes que por sus rentas personales se encuentren bajo el 35% máximo de impuestos, de manera que no se vean afectados por esta propuesta.

Esfuerzo en gasto público

En materia de ahorro y reasignación de gasto público, de acuerdo con el informe solicitado a la OCDE, que arroja un total de solamente 0,11% a 0,13% del PIB como factible de ser ahorrado o redestinado, los gremios empresariales califican este objetivo de insuficiente y piden un mayor esfuerzo en ese sentido.

La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, explicó que “como país necesitamos responder a los anhelos y necesidades de las personas en materias tan sensibles como seguridad, salud, educación y pensiones. Esto exige contar con un sector público más eficiente y moderno, que pueda responder a estas sentidas demandas. En este contexto, debiésemos apuntar a un esfuerzo mucho mayor en materia de ahorro o reasignación del presupuesto público”, señaló.

Al respecto, el documento menciona un estudio del BID y otro del Consejo Fiscal Autónomo que abordan áreas de ineficiencia del gasto público, como programas mal evaluados y duplicación de funciones en el aparato estatal.  También se advierte de la gran cantidad de días de licencias en el sector público respecto del privado. Una disminución en esta línea podría llevar a importantes ahorros.

Combate a la informalidad y evasión

En cuanto al pilar de cumplimiento tributario, los gremios relevan la importancia de reducir la informalidad y atacar con fuerza la evasión, ya que afectan fuertemente la recaudación tributaria y, con ello, los recursos fiscales para la provisión de derechos sociales y otras prestaciones del Estado. El documento señala que la evasión se combate con medidas como la simplificación de trámites y reducción de costos de formalización, el aumento de la fiscalización, la promoción de los beneficios de la formalidad, el impulso a la educación y capacitación, la bancarización de las transacciones comerciales, y una mayor fiscalización y control.

“Sin perjuicio que las cifras de evasión tributaria del 5% del PIB anunciadas por el informe solicitado por Hacienda a Michel Jorratt, nos parecen poco fundamentadas, creemos que antes de seguir subiendo las tasas impositivas a quienes cumplen con sus obligaciones, se debe enfocar el esfuerzo en la captura de estos recursos que representan casi 10 veces lo que se recaudaría con el aumento de tasas que propone el proyecto de reforma tributaria del Gobierno recaudaría”, señalaron.

Modernización y permisología: hacerse cargo de los proyectos más críticos

Una de las iniciativas clave para reimpulsar la inversión y retomar el crecimiento económico es avanzar en una modernización y reforma al proceso de tramitación de permisos sectoriales, para lo cual el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley. Al respecto, los gremios empresariales señalan que, si bien comparten los objetivos y la estructura general del proyecto, aún es necesario conocer mayores detalles, para tener una evaluación más certera de su capacidad para simplificar, agilizar y dar mayores grados de previsibilidad al otorgamiento de permisos sectoriales.

Por otra parte, el rediseño integral de un sistema de otorgamiento de permisos debe hacerse cargo de manera más directa de algunos permisos que son los más críticos a la hora de embarcarse en un proyecto de inversión, como los de concesiones marítimas o los relacionados con el Consejo de Monumentos Nacionales. Agregan que es relevante también que esta reforma sea armónica y coherente con las modificaciones propuestas a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.

30 medidas sectoriales que no implican alza de gasto público

Adicionalmente, los gremios empresariales proponen un conjunto de 30 medidas sectoriales, que no implican grandes alzas de gasto público, son en su mayoría administrativas o de fácil despacho legal, y constituyen un incentivo a la inversión, el empleo y la productividad.