Después de sortear la crisis del COVID-19 el año pasado, las empresas mineras que operan en América Latina se preparan para enfrentar los desafíos de la economía pospandémica, especialmente los riesgos políticos y regulatorios.

La Encuesta Minería 2021 de BNamericas que se llevó a cabo entre el 24 de mayo y el 21 de junio detectó que el 45% de los entrevistados considera la incertidumbre política y jurídica como la mayor amenaza para los próximos 12 meses. Otro 30% cree que el mayor riesgo país y el nacionalismo de
recursos representan las mayores amenazas.

Las cifras difieren mucho de la encuesta de 2020, cuando 38% de los encuestados identificó estos riesgos como primordiales y 31% estaba preocupado por más brotes del coronavirus.

Las preocupaciones de este año sobre riesgos políticos y nacionalismo están estrechamente vinculadas al sólido desempeño del segmento minero durante la pandemia. Muchos gobiernos buscan gravar más al sector para financiar programas sociales.

Además, se considera que los riesgos políticos se están intensificando en medio de los procesos sociales en curso en Chile y Perú, mercados clave para la mayoría de los encuestados. Anteriormente consideradas unas de las jurisdicciones mineras más seguras de América Latina, el statu quo cambió durante el último año o dos en ambos casos.

También se reconoció que la comunicación debe mejorar a todo nivel para resaltar los beneficios sociales que aporta la minería.

La editora de minería de BNamericas, Laura Superneau, analizó los resultados de la encuesta en una conferencia en línea con el presidente de la cámara brasileña Ibram, Flávio Penido; el titular de la sociedad chilena SONAMI, Diego Hernández; y el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Víctor Gobitz.