El presidente del gremio minero afirmó que la creación de “Áreas de Reserva” para proyectos de energía interfiere con derecho mineros preconstituidos y sienta un mal precedente y genera incertidumbre para la industria minera.
“Por décadas, la legislación minera ha brindado certeza jurídica al sector, lo que ha contribuido al gran flujo de inversiones, tanto nacionales como internacionales, logrando que la minería sea uno de los principales motores de crecimiento de la economía chilena en los últimos 30 años”, afirmó Alberto Salas.
“Con preocupación estamos presenciando como, en virtud simples de decretos, se estaría afectando el derecho legal del concesionario de constituir servidumbres mineras, lo que genera un mal precedente para la certeza jurídica y el marco legal minero vigente”, afirmó el presidente de SONAMI, Alberto Salas, al referirse a un decreto de fecha julio de 2013, en que los ministerios de Energía y Bienes Nacionales establecieron una “Reserva Eólica” sobre un área de más de 287 mil hectáreas, en la comuna de Taltal, donde se encuentran emplazados proyectos y pertenencias mineras.
“No se trata de impedir el desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC), en las cuales el sector minero ha sido pionero y las ha incorporado en sus modelos de consumo de este tipo de energía, sino compatibilizar el desarrollo de ambas actividades productivas”, afirmó el directivo de SONAMI.
Actualmente, existen proyectos mineros que se ven obstaculizados por no poder constituir las servidumbres en áreas en que el Fisco formula oposición aduciendo la existencia de “Áreas de Reserva”, sin siquiera acreditar que efectivamente se desarrollan proyectos de generación eléctrica.
Alberto Salas dijo que, para el país, “es altamente inconveniente impedir el desarrollo de proyectos mineros, porque estos son una fuente de empleo, de recursos para el Estado y generan importantes encadenamientos productivos, incluso en el sector eléctrico”.
“Si bien la Constitución Política establece la posibilidad de imponer limitaciones al derecho de propiedad en base a la función social de la misma, tales limitaciones deben ser impuestas sólo por ley y no pueden fundarse en un acto puramente administrativo, como un acuerdo o convenio de dos ministerios, tal como ha ocurrido en este caso”, agregó Salas.
“Por décadas, la legislación ha brindado certeza jurídica al sector, lo que ha contribuido al gran flujo de inversiones, tanto nacionales como internacionales, logrando que la minería sea uno de los principales motores de crecimiento de la economía chilena en los últimos 30 años”, indicó el presidente de SONAMI, agregando que las inversiones mineras se realizan con una mirada de largo plazo, por lo que requiere de ciertas garantías de estabilidad.
“SONAMI, observa con preocupación que se esté comprometiendo el derecho de un concesionario de constituir servidumbres mineras, lo que constituye una expropiación indirecta, genera incertidumbre jurídica y deteriora el marco legal minero en el país”, concluyó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería.