Hoy, cuando todas las miradas están puestas en los 155 ciudadanos y ciudadanas que están trabajando en lo que será la propuesta de nueva Carta fundamental, desde la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) esperan que esta aporte un marco que permita seguir desarrollando esta actividad en el país y contribuyendo a los desafíos del futuro, como lo ha hecho a lo largo de la historia.
En este contexto, SONAMI, gremio que reúne a la pequeña, mediana y gran minería metálica y no metálica del país, dio a conocer un documento que apunta a ser de utilidad para el trabajo de los convencionales. El texto se gestó tras un intenso trabajo que comenzó a principios de 2020 y que convocó a un grupo de abogados expertos en temas mineros y constitucionales. Al equipo de juristas, se unió un abanico más amplio de profesionales relacionados con la minería, aportando un mix de miradas a los distintos temas del sector. La tarea del grupo se basó en tres ejes: sustentabilidad, marco jurídico y entorno económico.
El presidente del gremio, Diego Hernández, señaló que “el marco institucional, político, económico y jurídico que consagre la Constitución debe generar confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer y promover la inversión junto con el desarrollo, particularmente si se trata de la actividad minera que se despliega en el largo plazo”.
El documento incorpora cinco ámbitos que debiera considerar la discusión del órgano constituyente respecto a la minería: características especiales de la minería y la inversión estatal vs. la privada; minería y agua; minería y pueblos indígenas; minería e innovación tecnológica y arquitectura regulatoria de la minería.
En este último punto, los cuerpos normativos más destacados son el Código de Minería, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y la Constitución Política de la República, a los cuales se agrega el DL 600, derogado en 2015. Desde la agrupación plantean que es deseable que se mantenga la arquitectura jurídica que le ha permitido a la minería su desarrollo y éxito, además de ser el pilar histórico tanto económico como social del país.
En primer lugar, según el documento de SONAMI, sería deseable mantener el régimen de amparo de las concesiones mineras por pago de patente, que permite brindar la certeza y la estabilidad necesarias al concesionario minero. Este mecanismo ha sido reconocido internacionalmente por su funcionamiento objetivo, transparente y de fácil fiscalización. Además, apoya a las regiones mineras, porque es una importante fuente de ingresos municipales.
Por otro lado, la duración de las concesiones mineras de exploración y explotación son materias claves para el desarrollo minero. Ella siempre ha sido indefinida en Chile, incluso después de la nacionalización de la Gran Minería en 1971. Mientras que concesiones de exploración son temporales, no sería adecuado fijar un plazo a la concesión de explotación inferior a la vida útil del yacimiento, porque incidiría en una planificación minera subóptima, minimizando la inversión al acercarse el plazo de término de la concesión, con el consiguiente daño a los ingresos del país.
Para cerrar, el titular de SONAMI señaló que el documento de trabajo busca constituirse en un aporte al trabajo serio y responsable que debe realizar la Convención Constituyente. “La minería es un sector productivo complejo y, al ser pilar económico y social del país, es necesario que sea muy bien entendido por los tomadores de decisiones. Por ello, queremos contribuir con insumos técnicos que permitan que los convencionales cuenten con la información necesaria para realizar su trabajo sin dañar los pilares chilenos. En la misma línea, estamos disponibles para participar en los debates y confiamos en que seremos considerados cuando se aborden aspectos relativos a la industria minera”, concluyó Diego Hernández.