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La minería chilena requiere estabilidad, reglas claras y una mirada de largo plazo. Especialmente la pequeña y mediana minería, sectores que históricamente han sido motores de desarrollo territorial, generación de empleo y actividad económica en numerosas regiones del país. Por ello, toda modificación regulatoria que impacte su funcionamiento debe considerar no solo objetivos fiscales o administrativos, sino también sus efectos concretos sobre quienes sostienen esta actividad en terreno.
La Ley 21.649, vigente desde el 1 de enero de 2024, surgió en el contexto de las modificaciones impulsadas para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), incorporando cambios al sistema de concesiones y patentes mineras. Entre sus objetivos se consideró desincentivar la especulación sobre la propiedad minera y promover el uso efectivo de las concesiones.
Sin embargo, la experiencia acumulada desde su implementación ha evidenciado efectos relevantes sobre la pequeña y mediana minería. El aumento progresivo del valor de las patentes y la incorporación de exigencias administrativas han generado incertidumbre y complejidad para productores con menor capacidad financiera para enfrentar nuevos costos y trámites burocráticos.
Los antecedentes disponibles muestran, además, que el aporte recaudatorio asociado a este segmento continúa siendo acotado. Durante 2025, el pago vinculado a la pequeña minería alcanzó 142.854 UTM, representando menos del 5% de la recaudación total por concesiones mineras. En consecuencia, el efecto fiscal de mantener este esquema resulta limitado, mientras que su impacto económico y territorial puede ser significativo para comunas y localidades cuya actividad depende directamente de pequeñas faenas y servicios asociados.
Al elevar los costos de amparo y mantener un sistema burocrático permanente, aumenta también la presión sobre productores de menor escala que poseen una capacidad financiera más limitada para sostener sus concesiones. De mantenerse estas condiciones, existe el riesgo de que la propiedad minera tienda a concentrarse en actores con mayor capacidad económica, debilitando precisamente al segmento que históricamente ha sido origen de nuevos proyectos y desarrollo minero regional.
En este contexto, resulta relevante el proyecto de ley presentado el pasado 15 de mayo en Copiapó por el Gobierno, iniciativa que busca simplificar y otorgar mayor certeza al régimen de patentes mineras. La actividad contó con la presencia del presidente de SONAMI junto a pequeños mineros de Atacama, reflejando la importancia que este debate tiene para las regiones y para el futuro del sector.
La propuesta incorpora cambios relevantes: elimina requisitos asociados a límites de hectáreas, parentescos y tipos societarios para acceder a la patente rebajada, reduce cargas administrativas y pone término al sistema progresivo de cobros.
Desde SONAMI hemos sostenido una posición clara respecto de esta materia, la que ha sido entregada a autoridades públicas, productores mineros, integrantes del Comité de Pequeña Minería del gremio y también expresada públicamente. Hemos señalado la necesidad de avanzar hacia un sistema de amparo basado en una patente de monto razonable, evitando esquemas excesivamente burocráticos que terminan afectando a quienes desarrollan actividad minera real en los territorios.
Chile necesita una minería competitiva, pero también una minería con capacidad de desarrollarse desde las regiones. Fortalecer a la pequeña y mediana minería no solo es una señal económica; es también una decisión estratégica para resguardar empleo, emprendimiento y desarrollo local en zonas donde la minería continúa siendo parte esencial de su identidad y crecimiento.
A ello se suma un elemento clave para el futuro de la industria. Diversos especialistas y actores del sector han advertido que será cada vez más difícil encontrar y desarrollar yacimientos de la magnitud de Escondida, por lo que la pequeña y mediana minería estarán llamadas a cumplir un rol cada vez más estratégico en la producción minera del país y en el desarrollo de nuevos proyectos. En el caso de la mediana minería, su capacidad de impulsar inversión, explorar nuevos distritos productivos y desarrollar proyectos con mayor flexibilidad será fundamental para sostener el crecimiento de la industria en las próximas décadas. La pequeña minería, además, posee un valor que trasciende lo estrictamente económico: representa historia, tradición y patrimonio productivo de numerosas comunidades y familias que, por generaciones, han construido identidad y desarrollo en torno a la minería. Resguardar la viabilidad de ambos segmentos no solo es una necesidad para el presente de la industria, sino también una apuesta estratégica para el futuro minero de Chile.
