
SONAMI y APRIMIN capacitan a pequeños mineros de Cabildo en seguridad y nuevas tecnologías
julio 29, 2026
El desafío de incorporar capital humano en las operaciones y proyectos mineros: cómo preparar el talento que demandará la industria
julio 29, 2026Mientras la legislación chilena regula la recuperación física y ambiental de las operaciones, especialistas y autoridades advierten que aún falta planificar el futuro de trabajadores, proveedores y comunidades cuya economía e identidad dependen de la actividad minera.
En Chile, el cierre de faenas está regulado por la Ley N°20.551, que exige garantizar la estabilidad física y química de los lugares intervenidos para proteger la salud y el medio ambiente y es Sernageomin quien supervisa estos procesos.
Según la escala de cada operación, la normativa establece distintos protocolos. Sin embargo, persiste una interrogante: ¿qué ocurre con aspectos que la ley no aborda, como el empleo local, la continuidad de los proveedores y el desarrollo económico y social de los territorios?
En el país ya existen faenas cerradas bajo esta normativa, como Mina Invierno, El Navío, Carmen y Bellavista. Otras, como El Indio, están en proceso de cierre. Aún así, el impacto social y económico del cierre continúa siendo una tarea pendiente.
Esta preocupación adquiere especial relevancia al considerar que la minería no solo genera producción, sino que articula empleo directo e indirecto, proveedores e infraestructura crítica que sostienen el crecimiento de los territorios. Así lo plantea SONAMI, a través de su estudio de distritos productivos y potenciales para el desarrollo de la minería chilena, una investigación que redefine la planificación de la industria mediante la identificación de 19 distritos clave a lo largo del país.
Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, ha señalado que la región mantiene un compromiso con el desarrollo económico y la sostenibilidad y ha manifestado su interés por una minería “sustentable, amigable con el entorno y, sobre todo, con los vecinos”.
Desde Antofagasta, el gobernador Ricardo Díaz, plantea que la diversificación debe comenzar antes de que terminen las operaciones. Aunque la región concentra 23 proyectos mineros por US$40.734 millones, según Cochilco, sostiene que ya se trabaja para extender la vida útil de las minas hasta 2050 y fortalecer nuevas actividades.
“La ampliación de nuestra matriz económica está en marcha”, afirma Díaz. La estrategia busca avanzar hacia una minería sustentable y fortalecer empresas locales. A ello se suman sectores como las energías renovables, el hidrógeno verde, la logística y la astronomía.
Para Javiera Zlatar, socia directora de Raíz Circular Consultores, la Ley de Cierre presenta una falencia: los componentes sociales y económicos no tienen el mismo estándar de exigencia que los ambientales. “Hay aspectos que no se miden ni planifican, como la dependencia del presupuesto municipal, el comercio local que vive del gasto de los trabajadores, las pymes proveedoras, la situación de los subcontratados o el impacto psicosocial en localidades donde la identidad está ligada a la faena”, explica.
Los estándares internacionales incorporan estas variables. El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA) consideran la transición socioeconómica, la participación comunitaria y las condiciones laborales.
“Estos estándares son voluntarios, pero son cada vez más exigidos por los inversionistas. En la gran minería del cobre, casi todas las compañías son miembros del ICMM y deben considerar estos aspectos en sus planes de cierre”, agrega Zlatar.
En Atacama, el gobernador Miguel Vargas ha planteado que la minería debe dejar un legado que trascienda la extracción y contribuya a diversificar la economía, desarrollar infraestructura crítica y fortalecer la educación técnica. A su juicio, se requiere “un nuevo trato basado en una estrategia de colaboración”, donde los gobiernos regionales contribuyan a que la actividad también beneficie a las comunidades.
“Un cierre exitoso no sólo se encarga de remediar bien los pasivos ambientales, sino también de dejar un territorio capaz de sostenerse sin la mina. Ese es justamente el estándar que persiguen estas guías internacionales, aunque en Chile su aplicación todavía sea voluntaria e incipiente”, concluye Zlatar.




