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El gremio participó activamente en la discusión legislativa y reconoce los esfuerzos por simplificar el régimen de patentes mineras, el que fue despachado a ley, pero seguirá abogando por un sistema que otorgue plena certeza.
La eliminación del cobro progresivo de las patentes mineras y las nuevas facilidades para pequeños productores, son parte de los avances del proyecto de ley que modifica el régimen vigente, cuya discusión contó con la participación de SONAMI. El gremio, planteó observaciones y propuestas orientadas a resguardar la certeza jurídica de las concesiones y la continuidad de las operaciones.
A inicios de octubre, el Senado aprobó en particular, por 37 votos a favor y uno en contra, el proyecto que elimina el cobro progresivo establecido por la Ley N°21.420. La iniciativa establece una patente general de 0,4 UTM por hectárea y amplía las condiciones para acceder al pago rebajado de 0,1 UTM.
Durante la tramitación, SONAMI planteó observaciones al régimen vigente, varias de las cuales fueron abordadas en la propuesta del Ejecutivo. Al respecto, el proyecto mantiene la intervención administrativa en el sistema de amparo y, con ello, distorsiones que debilitan la propiedad minera y afectan especialmente a los pequeños y medianos productores.
“Esta ley alivia la urgencia, pero se debe ir más allá para entregar la certeza jurídica que el sector necesita. Mientras el amparo de la propiedad minera siga sujeto a la discrecionalidad administrativa, y no exclusivamente al pago de una patente de monto cierto, aunque diferenciado, los pequeños y medianos mineros seguirán expuestos a la posibilidad de perder sus concesiones”, señaló Jorge Riesco, presidente de Sonami.
El 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y lo despachó a ley. SONAMI valoró las mejoras incorporadas, entre ellas, la postergación hasta febrero de 2027 del pago de las patentes correspondientes a 2026 y de los remates de concesiones, medida que el gremio había solicitado al Ejecutivo.
No obstante, la agrupación gremial nacional que representa a la pequeña, mediana y gran minería, advirtió que persisten aspectos pendientes, como la discrecionalidad administrativa en el sistema de amparo y la necesidad de restablecer montos diferenciados para las concesiones y operaciones no metálicas.
