SONAMI presenta estudio que busca modernizar y dar certeza jurídica a la aplicación de criterios del SEA en minería

El informe, elaborado junto al Comité de Sustentabilidad Minera y el estudio jurídico Puga Ortiz, propone cinco ejes en materia legal y la proporcionalidad en la evaluación ambiental, manteniendo los estándares de protección.

Con un llamado a modernizar la institucionalidad ambiental y reforzar la certeza jurídica de las inversiones, SONAMI dio a conocer el estudio “Propuestas para la aplicación de guías y criterios del SEA en minería”, un análisis orientado a mejorar la eficiencia y transparencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El informe fue elaborado por su Centro de Estudios y Documentación Minera (CEMS), en colaboración con el Comité de Sustentabilidad Minera, que reúne a más de 40 empresas socias, y el estudio jurídico Puga Ortiz.

El documento plantea que las guías y criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), concebidos originalmente como instrumentos no vinculantes de orientación técnica, se han ido aplicando en la práctica como exigencias obligatorias, especialmente desde 2015, cuando los instructivos 151 y 276 comenzaron a marcar esta tendencia. A esto se suma un aumento relevante en la publicación de nuevos instrumentos: más del 50% de las guías se ha emitido desde 2021, con un peak de 11 en 2023.

Reinaldo Salazar, gerente de Estudios de SONAMI explica que “la aplicación de un criterio puede implicar hasta 10.000 UF de costo adicional y hasta 365 días de retraso antes del ingreso al SEIA. Más que discutir la utilidad técnica de estos instrumentos, lo que está sobre la mesa es cómo asegurar que cumplan una función de orientación útil, sin transformarse en cargas administrativas innecesarias ni en una fuente de incertidumbre regulatoria”. A esto se suman los retrasos generados por las guías, que promedian 72 días adicionales y costos que pueden llegar a las 3.000 UF, aumentando el impacto total sobre los plazos y presupuestos de los proyectos.

Los proyectos más afectados son aquellos que están en fase de elaboración de línea base cuando se publica una nueva guía o criterio, ya que con frecuencia deben rehacer estudios avanzados, repetir campañas de terreno o ajustar metodologías que no estaban contempladas en su diseño original. Las iniciativas de menor escala también se ven más expuestas a estos cambios, ya que un sobrecosto absorbible en un proyecto de gran envergadura puede resultar crítico en uno más acotado. El estudio identifica además un problema de proporcionalidad, ya que las exigencias actuales no distinguen entre pequeña, mediana y gran minería.

Desde el plano jurídico, el informe advierte que las guías y criterios tienen una jerarquía inferior a la ley y el reglamento, por lo que no pueden crear obligaciones adicionales para los titulares. Sin embargo, en la práctica han ido más allá de su carácter orientador, actuando como normas de facto. El estudio cita además fallos relevantes -entre ellos el caso Mina Invierno y el caso Toro Ayoque limitan el carácter vinculante de estos instrumentos y exigen el análisis caso a caso.

El estudio propone cinco ejes estratégicos para equilibrar la eficiencia regulatoria con la protección ambiental: certeza, con reglas claras sobre la entrada en vigencia y aplicabilidad de los instrumentos; flexibilidad, que permita cumplimiento alternativo cuando existan metodologías más actualizadas y debidamente justificadas; proporcionalidad, con exigencias diferenciadas según la escala del proyecto; coordinación institucional, con mecanismos de resolución temprana de discrepancias entre organismos; y control de legalidad y transparencia, con revisión periódica de guías, trazabilidad en la participación ciudadana y justificación de observaciones.

“Cuando las reglas son más claras, la aplicación es más consistente y las exigencias son más proporcionales, mejora la confianza de todos los actores: de la autoridad, porque cuenta con mejores criterios de actuación; de los titulares, porque enfrentan un sistema más predecible; y de las comunidades, porque ven procesos más transparentes y mejor fundamentados”, afirma Reinaldo.

Por su parte, Eduardo Muñoz, abogado socio de Puga Ortiz, señala que “la consagración del cumplimiento alternativo equivalente fomentaría la innovación tecnológica adaptada a cada yacimiento, y el comité técnico aseguraría una rectoría real del SEA frente a interpretaciones contradictorias”. En este sentido, complementa que “el control preventivo de la Contraloría, vigente desde junio de 2026, consolidará una protección a la certeza jurídica que requieren las inversiones de largo plazo como las mineras. Para la estabilidad de las inversiones, debe establecerse la irretroactividad de nuevos criterios”.

En el contexto del debate en torno a la “Evaluación Ambiental 2.0”, SONAMI planteó que estas propuestas puedan ser consideradas en la discusión legislativa. El informe reconoce avances en materia de procedimiento, publicidad y voluntariedad para instrumentos que entren en vigencia cuando un proyecto ya esté siendo evaluado, pero advierte que aún existen desafíos en certeza jurídica, coordinación con otros órganos del Estado y transparencia en la elaboración de estos instrumentos. Asimismo, señala la necesidad de reforzar el carácter técnico y orientador de las guías y criterios, en coherencia con la ley y el reglamento vigente.

La presentación del estudio estuvo a cargo de Reinaldo Salazar y Eduardo Muñoz, quienes enfatizaron que la intención no es debilitar los estándares ambientales, sino asegurar que las normas se apliquen con proporcionalidad y certeza técnica, evitando interpretaciones discrecionales. El evento incluyó un panel de conversación moderado por Patricio Pinto, gerente de Asuntos Externos de Kinross Chile y presidente del Comité de Sustentabilidad de SONAMI, en el que participaron Juan Pablo Johnson, coordinador de Seguimiento de Proyectos del Ministerio de Economía; Javiera Herrera, gerente de Cumplimiento Ambiental de SQM; y Francisco Allendes, abogado socio de Puga Ortiz. Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y la transparencia del sistema.