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El organismo plantea medidas para impulsar la diversificación económica, mejorar las condiciones de vida y fortalecer la gestión ambiental en los territorios mineros. Antofagasta destaca por sus avances en planificación y gobernanza regional.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró una guía con 12 directrices para fortalecer el bienestar y la resiliencia de las regiones mineras, la que fue presentada durante la “7ª Conferencia de Regiones y Ciudades Mineras”, realizada entre el 28 y 30 de octubre en Antofagasta. El documento busca compatibilizar la competitividad de la industria con las necesidades de las comunidades.
El informe identifica varias brechas en estos territorios. Aunque las regiones mineras de la OCDE registran una productividad laboral de un 6% superior a las de otras regiones rurales de la organización, presentan menores niveles de diversificación económica, innovación y participación femenina.
Andrés Sanabria, coordinador de la Iniciativa de Regiones y Ciudades Mineras de la OCDE, explica que “el desarrollo de proyectos responsables y competitivos requiere ecosistemas locales propicios que permitan generar respaldo social y facilitar las operaciones a largo plazo”.
Las recomendaciones abarcan tres dimensiones. En materia económica, promueven la diversificación productiva, el empleo local y la innovación. En el ámbito social, prioriza el acceso a vivienda y servicios, junto con la participación comunitaria. En materia ambiental, apunta a la economía circular, la transparencia y la planificación anticipada del cierre de faenas.
Desafíos para Chile
La OCDE identifica condiciones favorables en Antofagasta, donde ha colaborado con el Gobierno Regional en su Estrategia Minera Regional y en mecanismos de gobernanza. “Esta voluntad política, sumada a la colaboración activa entre empresas y comunidades para abordar prioridades de bienestar, constituye una fortaleza que muchas regiones buscan desarrollar”, informa Sanabria.
Entre los desafíos regionales figuran fortalecer las cadenas de valor locales, impulsar la innovación y mejorar la infraestructura comunal, mediante inversiones sostenidas que permitan dar continuidad a las iniciativas más allá de los ciclos políticos.
